Las penas previstas para las personas jurídicas y su integración en el sistema penal

Resumo

La consolidación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal centró el debate doctrinal, casi en exclusiva, sobre aspectos como el modelo de imputación o la culpabilidad de estos entes, lo que supuso una menor atención a temas igualmente relevante como son las penas susceptibles de imponer a las personas jurídicas. La presente investigación, tomando como punto de partida los escasos trabajos específicos realizados en la materia, trata de acercarse al contenido y al régimen de aplicación y ejecución de las penas previstas en el artículo 33.7 del Código Penal. El trabajo, apoyado en los grandes avances doctrinales hechos hasta el momento, comienza analizando dos aspectos que inciden directamente en el tema principal. Así, por un lado, se realiza un análisis de los problemas derivados de la determinación del sujeto destinatario de las medidas contempladas en el art. 33.7 del CP y, por el otro, se centra en poner de manifiesto las repercusiones que los postulados de los distintos modelos de imputación de las personas jurídicas tienen sobre la definición de la naturaleza de las penas a imponer a los entes colectivos con personalidad jurídica. La parte central de la tesis doctoral está dedicada a un exhaustivo estudio de las reglas de determinación de las llamadas penas interdictivas, medidas que suponen el grueso del arsenal punitivo previsto por nuestro Código Penal para las personas jurídicas. Junto a las mencionadas reglas se hace un detenido examen del catálogo de penas susceptibles de imponer a las personas jurídicas con el objetivo de poner de relieve su posible contenido y régimen de ejecución. El estudio se integra con las reflexiones relativas a la regulación de la pena de multa, medida que, si bien suscita problemas interpretativos al igual que las penas interdictivas, se diferencia de estás por su imposición de manera obligatoria y por gozar de unas normas mucho más claras sobre su determinación y extensión. El estudio finaliza con las observaciones realizadas en torno a las causas de extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y a las singulares normas del art. 130.2 CP que regulan justo lo contrario, es decir, los supuestos de no extinción de la responsabilidad penal de estas entidades.