La financiación privada de los partidos políticos a trasvés de sus fundaciones¿una puerta abierta a su financiación indirecta e ilegal?
ISSN: 1886-6212
Año de publicación: 2020
Número: 33
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Revista general de derecho constitucional
Resumen
La regulación de la financiación privada de los partidos políticos se caracteriza por la notable restricción del régimen jurídico de las donaciones que estos pueden recibir. Ello se contrapone a su laxitud respecto de las aportaciones a las fundaciones y entidades vinculadas a los partidos políticos y, sobre todo, con relación a los convenios de colaboración suscritos por estas. El legislador, consciente de que no puede cegar todas las vías de financiación de los partidos, expresamente estableció que tales convenios de colaboración no tendrían la consideración, en ningún caso, de donaciones. De ello se coligen dos importantes consecuencias: por un lado, tales aportaciones, sin límite alguno en cuanto a su cuantía, podrán provenir no solo de personas jurídico-privadas, sino también de personas jurídico-públicas; y, de otro, estas contribuciones no quedan abarcadas por el contenido del injusto del delito de financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis CP). En todo caso, el citado tipo penal tampoco les resultaría de aplicación a las donaciones privadas ilegales recibidas por una fundación o asociación vinculada a un partido político al no haber sido incluidas éstas entre el elenco sus posibles sujetos activos.
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